La Seguridad Social vuelve a recibir un golpe judicial. Esta vez, los tribunales obligan al organismo a conceder una pensión de 1.628,58€ al mes a una trabajadora de limpieza con graves problemas de espalda, después de que la administración negara su derecho a la incapacidad permanente.
El fallo reconoce que la mujer, de 62 años, sufre limitaciones tan severas que ya no puede volver a su profesión. Con la sentencia, obtiene una pensión vitalicia que pone fin a la incertidumbre tras años de lucha contra un sistema que suele cerrar la puerta antes de tiempo.
La negativa inicial de la Seguridad Social
La limpiadora acumulaba operaciones y dolores crónicos derivados de su trabajo físico en un hospital. Aun con informes médicos claros, el tribunal médico (EVI) le negó la pensión alegando que podía realizar otras tareas más ligeras. La justicia corrigió: sí puede hacer trabajos menos exigentes, pero no volver a limpiar, y eso encaja con la incapacidad permanente total.
Por eso se le reconocen 1.628,58€ mensuales, calculados como el 55% de su base reguladora. Una prestación que percibirá de por vida salvo que sus condiciones médicas cambien, algo improbable dado el síndrome de espalda fallida que padece.
Un problema que afecta a miles de trabajadores
Lo que le ha ocurrido a esta mujer no es una excepción. Cada año, la Seguridad Social rechaza cientos de solicitudes que terminan en los tribunales, donde muchas veces los jueces dan la razón a los ciudadanos. El patrón es siempre el mismo: criterios restrictivos de la administración que, al final, resultan corregidos por sentencias firmes.
Claves legales, rápidas
- Grado: incapacidad Permanente Total (inhabilita para la profesión habitual).
- Cuantía: 55% de base reguladora → 1.628,58€ mensuales en este caso.
- Doctrina: puedes hacer tareas ligeras, sí; tu oficio de limpieza, no. Y ahí está la frontera legal.
La incapacidad permanente es uno de los terrenos más conflictivos. Quienes la piden suelen arrastrar enfermedades degenerativas o lesiones graves que les dejan fuera del mercado laboral. Pero la Seguridad Social insiste en negar derechos hasta que un juez la obliga a rectificar.
Qué significa realmente esta sentencia
Para la trabajadora, el fallo supone tranquilidad económica tras años de dolor y trámites interminables. Para otros en su misma situación, la lección es clara: recurrir merece la pena. No se trata de conseguir un “extra”, sino de que la ley se aplique como corresponde y la administración deje de escatimar en protección social.
