En un momento en que miles de personas buscan ayudas por desempleo, subsidios o pensiones, algunos casos de fraude siguen apareciendo y dejando cifras que asombran. Esta vez, un hombre ha sido condenado a devolver 231.306€ a la Seguridad Social tras cobrar durante 16 años la pensión de su padre ya fallecido.
El caso, confirmado por el Tribunal Supremo, se ha convertido en un ejemplo de cómo los controles del sistema público están detectando irregularidades incluso muchos años después. El error —o la trampa, según el fallo— terminó convirtiéndose en una deuda millonaria.
Seguridad Social y desempleo: tolerancia cero con el fraude
La Seguridad Social considera este tipo de actuaciones como fraudes graves contra el sistema de pensiones y prestaciones. No solo afectan a las cuentas públicas, sino también a quienes realmente necesitan ayudas por paro, jubilación o incapacidad.
Según la sentencia, el hombre siguió cobrando la pensión de su padre pese a que el fallecimiento se había registrado en el Registro Civil. Durante más de una década, los pagos se mantuvieron en una cuenta compartida que él mismo administraba, sin comunicar nunca la muerte del titular.
Una deuda que se acumula año tras año
El importe exacto que deberá devolver asciende a 231.306,91€, cantidad que incluye los pagos indebidos y los intereses generados durante los 16 años. El Supremo ha rechazado cualquier posibilidad de recurso y ha confirmado la obligación de reintegrar todo el dinero a la Seguridad Social.
Los jueces también destacaron que no se trató de un simple error bancario, sino de una conducta consciente y mantenida en el tiempo. El acusado había retirado el dinero mes a mes, simulando que los ingresos correspondían todavía a su padre. Este tipo de casos no son tan aislados como parece. La Seguridad Social realiza cada año miles de revisiones para detectar pagos indebidos tanto en pensiones como en subsidios de desempleo.
El objetivo es asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Qué ocurre si se cobra indebidamente una pensión o subsidio
En los últimos años, el Gobierno ha reforzado los mecanismos de control cruzando datos con bancos, ayuntamientos y registros civiles. Gracias a esos sistemas, se han recuperado más de 100 millones de euros en prestaciones cobradas indebidamente.
Cuando se detecta un cobro indebido —ya sea por error o por fraude—, la Seguridad Social abre un procedimiento de reintegro. Si se demuestra que hubo intención de ocultar la situación, además de devolver el dinero, puede aplicarse una sanción económica o incluso penal.
En el caso de las prestaciones por desempleo, el SEPE aplica un criterio similar: quien cobra sin tener derecho puede enfrentarse a multas y a la pérdida de futuras ayudas. La clave está en comunicar siempre cualquier cambio: fallecimiento, nueva contratación o modificación del estado familiar.
Un aviso para los beneficiarios de prestaciones
El fallo del Tribunal Supremo sirve de recordatorio: los sistemas de control son lentos, pero efectivos. Cualquier irregularidad en el cobro de ayudas, pensiones o subsidios puede salir a la luz incluso años después.
En tiempos donde el paro, la inflación y los bajos salarios empujan a muchos a depender de las ayudas públicas, casos como este golpean directamente la confianza en el sistema. La justicia ha sido clara: el dinero público no se hereda ni se disfraza.
