El sistema de jubilación en España vuelve a estar en el foco tras una nueva sentencia que corrige a la Seguridad Social. Una mujer con una discapacidad del 68% ha conseguido el derecho a cobrar su pensión de jubilación de 2.070€ mensuales a los 56 años, después de que la administración se la negara.
La trabajadora, sorda de nacimiento, había cotizado más de 36 años, pero el SEPE y la Seguridad Social rechazaron su petición alegando que la discapacidad solo contaba desde 2005, fecha en la que fue reconocida oficialmente. El tribunal ha determinado que esa interpretación era injusta, porque su discapacidad era anterior y permanente.
Jubilación anticipada reconocida por el Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado que la mujer cumplía todos los requisitos para acceder a la jubilación anticipada por discapacidad. Además, ordena aplicar correctamente los coeficientes reductores de edad previstos para quienes superan el 65% de discapacidad.
La decisión es contundente: la Seguridad Social deberá pagarle 2.070,20€ mensuales, el 100% de su base reguladora, y abonar los atrasos desde 2020, lo que suma unos 66.246€. El tribunal también aclara que la minusvalía debe computarse desde el inicio de la vida laboral, no desde su reconocimiento formal.
La aplicación de los coeficientes reductores en la pensión de jubilación
El error de la administración fue no aplicar el coeficiente reductor del 0,25 desde el comienzo de la cotización, sino solo desde 2005. El TSJPV considera que la discapacidad, al ser de nacimiento, debía influir en todos los años trabajados. Este criterio marca una diferencia importante en la edad de jubilación anticipada.
Con el reductor completo, la trabajadora podía jubilarse legalmente a los 56 años y 10 meses, en lugar de tener que esperar hasta los 63, como establecía la resolución original del INSS.
Un precedente clave para futuras jubilaciones
La sentencia podría beneficiar a otras personas con discapacidades reconocidas tardíamente, que acrediten haber trabajado durante décadas con limitaciones previas al reconocimiento administrativo. En muchos casos, la Seguridad Social solo aplica los coeficientes desde la fecha del dictamen médico, lo que retrasa el acceso a la pensión.
Para esta trabajadora, el fallo judicial no solo supone una pensión completa de 2.070€ al mes, sino también el reconocimiento de una vida laboral marcada por el esfuerzo y la exclusión del sistema. Una corrección que devuelve justicia a quienes, por burocracia o falta de actualización normativa, se quedaron fuera del derecho a una jubilación digna.