El SEPE vuelve a sembrar incertidumbre entre miles de personas desempleadas que dependen de sus ayudas. Lo que parecía una obligación cerrada presentar la declaración de la renta solo por cobrar el paro o un subsidio ahora vuelve a ponerse en revisión. El organismo admite que la aplicación prevista para 2026 podría incluso no llegar a ejecutarse, pese a que la medida se incluyó de forma clara en el Real Decreto que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024.
La reforma establecía que cualquier beneficiario del SEPE tendría que realizar la declaración del IRPF aunque no alcanzara el mínimo exigido para tributar. Pero el propio servicio público reconoce ahora que la medida está siendo replanteada para evitar un impacto excesivo en quienes ya se encuentran en una situación económica frágil. A día de hoy, la obligatoriedad real sigue siendo una incógnita.
SEPE y la declaración de la renta: una norma que no termina de definirse
En su versión inicial, la obligación se aplicaba a las prestaciones nacidas a partir del 1 de noviembre de 2024. Eso implicaba que muchas personas tendrían que declarar ya los ingresos de ese mismo ejercicio, aunque no llegaran a los mínimos tradicionales para presentar la renta. Después se decidió retrasar la aplicación hasta 2026, únicamente para las rentas de 2025, con el objetivo de evitar un año con dos reglas funcionando al mismo tiempo.
El problema es que, incluso con ese aplazamiento, el SEPE ha reconocido que sigue evaluando la conveniencia de imponer el trámite. La obligación afectaría a todas las personas que cobren paro o subsidio, sin importar cuántos meses lo hayan percibido, la cuantía exacta o el número de pagadores. Con solo recibir una ayuda del SEPE habría que presentar la declaración, aunque no resultara a pagar.
La clave está en el impacto real en los desempleados, un colectivo que ya afronta suficientes dificultades y que ahora podría verse obligado a asumir nuevas gestiones administrativas.
Los mayores de 52 años: doble obligación si no hay cambios
El subsidio para mayores de 52 años ya exige un trámite adicional: la Declaración Anual de Rentas, conocida como DAR. Se presenta cada 12 meses y sirve para confirmar que el beneficiario no supera el límite de ingresos equivalente al 75% del SMI. Si no se entrega, el pago del subsidio se suspende automáticamente.
Si la normativa de la renta se mantiene tal y como está redactada, estas personas tendrían que cumplir dos obligaciones distintas cada año: la DAR ante el SEPE y la declaración del IRPF ante Hacienda. Esta duplicación es una de las razones por las que el organismo ha admitido que se están valorando alternativas, pues muchos beneficiarios podrían quedar atrapados en una maraña de trámites difícil de gestionar.
Cómo afectaría en la práctica a quienes reciben ayudas del SEPE
La medida, si se aplicase, supondría un cambio notable en la rutina administrativa de los desempleados. Un perceptor de prestación contributiva, por ejemplo alguien que cobra 1.000€ durante seis meses, tendría que presentar la declaración como si fueran rendimientos del trabajo, aunque no tuviera obligación de tributar. En la práctica significaría aprender a hacer la declaración, buscar ayuda técnica o pagar a un gestor para evitar errores.
En el caso de un subsidio de 480€ mensuales, el impacto sería aún más evidente. Ahora solo deben presentar la DAR una vez al año, pero con la nueva medida tendrían que realizar una segunda gestión ante Hacienda. Para muchos, esto implica más desplazamientos, más tiempo y más riesgo de cometer fallos que podrían derivar en sanciones o en la suspensión del propio subsidio.
A esto se suma el problema de la brecha digital. Gran parte de las gestiones deben hacerse por internet, y no todas las personas desempleadas tienen fácil acceso a equipos, conexión estable o conocimientos suficientes para manejar las plataformas administrativas.
El SEPE mantiene sobre la mesa la posibilidad de exigir la declaración de la renta a todos los perceptores de ayudas, pero reconoce que la medida se está revisando para evitar un perjuicio desproporcionado. Eso sitúa a los beneficiarios en un limbo informativo, ya que no está confirmado si la obligatoriedad empezará en 2026, si se modificará o si directamente podría quedar descartada.