El Juzgado de Instrucción 52 de Madrid investiga al dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, a la propia sociedad y varias de sus filiales como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger, así como a una veintena de responsables del grupo por presuntamente estafar a decenas de franquiciados en España.
Varios franquiciados de The Good Burger que han denunciado ante la Justicia a Restalia acusan al grupo de haberles suministrado carne caducada y forzado a vender carne baja en grasas como si fuera estándar, engañando a los clientes con un producto que podría no estar en condiciones óptimas para su consumo.
TGB denuncian un fraude a los consumidores
La denuncia, presentada por el despacho Rafael Franco Abogados, por delito continuado de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos advierte también de la comisión de un supuesto delito contra los consumidores por un suministro de carne.
El escrito denuncia que Restalia «pudiera estar suministrando carne con la fecha de consumo preferente «pasada», pudiendo haber emitido certificados de extensión de la fecha de consumo preferente de hasta seis meses.
Pero también denuncia que el entramado de la empresa, al que considera una «organización criminal», «busca y pretende que los franquiciados incurran en conductas de fraude a los consumidores».
Al respecto, pone como ejemplo que Restalia hizo «un pedido muy elevado» de carne baja en grasa en 2020 cuya «fecha de consumo preferente estaba a punto de finalizar», por lo que mandó un comunicado a los franquiciados en el que informaba de que iban a recibir hamburguesa baja en grasa en lugar de la estándar de 100 gramos «por una regularización en el stock» de sus productos.
Con ello «los denunciados pretendían que los franquiciados vendiesen la hamburguesa baja en grasa, como si fuera hamburguesa estándar», señalando el caso de un denunciante que hizo un pedido de carne estándar que recibió el 24 de noviembre de 2020.
Tres días después le llegó el comunicado advirtiendo del cambio en las entregas a partir del 27 de noviembre, si bien luego comprobó que el pedido que tenía de antes ya era carne baja en grasa, un hecho que hasta ese momento «desconocía» porque no se le había informado de esa sustitución.
Graves riesgos para la salud pública
Hay casos de lotes que ni tan siquiera recogen qué fecha sería la máxima a efectos del consumo, como se ve en algunas fotografías que adjunta la denuncia.
Pero «la cuestión es aun más grave» porque si se atienen a la fecha de consumo preferente, que había sido ampliada en algunos lotes de mayo y junio al 3 de diciembre, «se da el caso de que alguna de aquella carne baja en grasas habría sido entregada a los franquiciados ya caducada» porque la entrega estimada era a partir del 1 de diciembre.
Así, los denunciantes avisan de que el problema no está solo en el posible engaño al consumidor sino en «los graves riesgos para la salud pública» porque pudiera que ese producto «no estuviera en condiciones óptimas para ser consumido».
En una conversación de 9 de diciembre de 2020, el dueño de un franquiciado recrimina a Antonio Escavias, antiguo director del departamento de operaciones de ayudas al franquiciado, que la carne le ha llegado «caducada» y que «eso es engañar al cliente«. En otra conversación, una responsable de la proveedora de alimentación Havi le dice al dueño de un franquiciado que Restalia les ha pedido que entreguen carne baja en grasa en lugar de la normal hasta que se acabe el stock o la fecha de caducidad, que eran seis meses. «No hay otra, es lo que hay», afirma.
Restalia se defiende y asegura que cumple «rigurosamente» la ley
Restalia ha asegurado que está «tranquila», ya que cumple «rigurosamente» la regulación vigente. Desde el grupo de restauración señalan que no tiene constancia alguna ni ha recibido ninguna denuncia ni citación sobre este asunto. «Por supuesto, respetamos el procedimiento judicial y colaboraremos con todo lo necesario y cualquier requerimiento, como siempre hemos hecho», han asegurado.
De esta forma, han recordado que en sus 22 años de historia la compañía no se ha enfrentado a procedimientos penales y que «cumple, rigurosamente» con la regulación vigente. El grupo de restauración ha mostrado su «absoluta tranquilidad» por haber actuado de manera «transparente» y «acorde a los contratos y acuerdos» con sus franquiciados en todos sus términos y condiciones.
Además de dirigirse la causa contra 29 mercantiles vinculadas con Restalia, también se han incoado diligencias contra el dueño del Grupo, José María Fernández Capitán, y otra veintena de responsables de distinto nivel en las empresas del conglomerado.
De momento, no se ha acordado la citación de ninguno de los acusados ni de las filiales señaladas. Tampoco se ha emplazado a los supuestos perjudicados a declarar ante el Juzgado con sede en Plaza de Castilla.
La causa tiene su origen en una denuncia interpuesta por el despacho Rafael Franco Abogados en la que se acusa al grupo de causar un supuesto perjuicio de unos 19 millones de euros a varios franquiciados. Según los denunciantes, Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían inviable el proyecto.