El proceso del desahucio y los arrendamientos de viviendas son procesos íntimamente ligados, que mantienen como punto en común la relación entre en inquilino y el propietario de la vivienda gracias a un anterior proceso de alquiler de la misma. Un procedimiento que desde el punto de vista legal y social es muy estresante y delicado, porque implica el reconocimiento legal de los derechos tanto del propietario de la vivienda como del inquilino del inmueble.
Aunque la Ley en primera instancia protege a la propiedad privada y por consiguiente a los derechos del propietario, los inquilinos de vivienda no están desamparados y el estado mantiene mecanismos efectivos para su correcta protección. Por lo que es de suma importancia conocer y entender los procesos y las diversas herramientas legales disponibles para que los ciudadanos puedan defenderse al momento de enfrentar un proceso de desahucio.
El desahucio de vivienda desde la mirada del inquilino
El debido proceso de desahucio comienza cuando el propietario legal de una vivienda reclama sus derechos de posesión del inmueble por motivos legales. Un inicio que incluye varias causales como por ejemplo la finalización del contrato, falta de pago de la renta u otras causas justificadas por la Ley. Cabe resaltar que generalmente es un proceso largo y tedioso y no exento de complejidad.
El asesoramiento legal para las partes involucradas es obligatorio, ya que la ayuda de un abogado especializado es primordial en estos casos para establecer un plan de trabajo que incluye la evaluación de los derechos y responsabilidades del inquilino y del propietario y por supuesto, las diversas opciones legales a ser llevadas a cabo para evitar el desalojo de la vivienda.
Negociando el desahucio de la vivienda entre las partes
Una de las mejores opciones del inquilino para enfrentar un desahucio es la de negociar con el propietario de la vivienda y en muchos casos se pueden lograr acuerdos extrajudiciales entre el inquilino y el propietario. Estos acuerdos deben establecerse por escrito con la finalidad de evitar malentendidos a futuro y representan una opción rápida y barata para llegar al fin del problema.
El inquilino y la opción de oposición judicial
Si, por el contrario, es imposible llegar a un acuerdo con el propietario de la vivienda, entonces el inquilino tiene la opción legal de presentar una oposición judicial. Es decir, el inquilino presenta ante el juez todo el caso para que sea estudiado por este último, para decidir finalmente si el propietario está en pleno derecho con relación al reclamo de la propiedad o si, en caso contrario, es el inquilino quien tiene el derecho de permanecer en la vivienda.
La documentación presentada por el inquilino como prueba es fundamental para la toma de una decisión por el juez y esta puede incluir al contrato de arrendamiento, los correos electrónicos o mensajes entre el propietario y el inquilino, los recibos de pago de las rentas mensuales por concepto de alquiler de la vivienda. Todo ello, en la búsqueda de demostrar que se han cumplido con las obligaciones establecidas de antemano en el contrato de arrendamiento.
En muchos casos el juez dicta una medida denominada cautelar, la cual le confiere al inquilino la potestad y el derecho de permanecer en el inmueble mientras se estudia con detenimiento el caso y se consigue una decisión final. Además, existe la figura de la mediación, gracias a la cual una persona imparcial ayuda a ambas partes a conseguir un acuerdo extrajudicial en beneficio de las partes involucradas.
Los casos extremos ante un desahucio de vivienda
El inquilino puede acceder a ciertas medidas extremas ante un proceso de desahucio para proteger sus derechos y evitar ser desalojado de la propiedad en disputa. Dentro de este universo de opciones está la solicitud de suspensión del desahucio, esta medida se solicitará ante el juez alegando razones del tipo social o humanitaria y es muy común ante inquilinos de edad avanzada o que tienen enfermedades.
Acudir a la Ley de Segunda Oportunidad también es una opción y permite a los ciudadanos particulares bajo condición de insolvencia sobrevenida la posibilidad de solicitar la exoneración de las deudas contraídas, incluidas las de alquiler. Para ello es necesario cumplir con una serie de requisitos y mantener un proceso judicial, que de ser exitoso podría liberar al inquilino de la deuda y al mismo tiempo evitar el desahucio.