El empadronamiento es un trámite que tienen que llevar a cabo todas las personas y es de carácter obligatorio, ya sea para los españoles de nacimiento que se mudan de una ciudad a otra o para aquellos extranjeros que se residencian en el país. El empadronamiento tiene una relación directa con la vivienda y es que es un acto que está irremediablemente anclado a una vivienda, es decir, requiere de la dirección física de un inmueble.
Es fundamental para existir como persona física y para acceder a todo un conjunto de servicios sociales, ayudas, servicios sanitarios y para ejercer o reclamar una gran cantidad de derechos básicos. De allí que sea un trámite que tenga implicaciones y consecuencias que se deben conocer, porque empadronar a alguien utilizando tu vivienda podría parecer un alquiler y desembocar en problemas legales, tributarios y en multas.
El empadronamiento y la vivienda propia
No es más que el trámite a través del cual alguien se registra en el denominado Padrón Municipal, tratándose de una obligación legal y un pleno requisito a cumplir para la realización efectiva de otros tantos trámites. Un mecanismo que es competencia exclusiva y responsabilidad de cada uno de los Ayuntamientos, quienes además tienen la responsabilidad de salvaguardar los datos de las personas empadronadas.
El problema radica en que se requiere anclar el empadronamiento de la persona a una vivienda que realmente exista, y es aquí donde rápida y fácilmente se pueden complicar las cosas para el propietario de la vivienda. Ya que si el debido trámite no se lleva a cabo con la delicadeza y el análisis necesario, es posible que todo termine en un completo desastre para el dueño de la propiedad.
Consecuencias de empadronar usando la vivienda propia
Todas las personas deben empadronarse en concordancia a su propio municipio y a través de él es posible la acreditación del domicilio para cuando se requiera realizar otros trámites. Pero hay que tener muy claro que son muchos los que empadronan en su domicilio o vivienda a otras personas, convirtiéndose en algo relevante, porque la persona empadronada en España adquiere beneficios, derechos y obligaciones.
Lo que determina que empadronar a alguien utilizando la propia vivienda implica una obligación de tener alojamiento seguro y saludable en el cual el empadronado pueda establecerse y vivir con dignidad y además de ello entregarle algunos derechos que le permitirán acceso a algunos derechos sociales, beneficios fiscales y acceso a votar en las elecciones municipales en el lugar en el que haya sido empadronado.
Los efectos fiscales de empadronar a alguien en tu vivienda
Empadronar a alguien utilizando la dirección de tu vivienda en un principio no tendría por qué representar una amenaza para la estabilidad tributaria del propietario de la vivienda ni tampoco debería implicar sanciones o consecuencias fiscales. Sin embargo, es conveniente mantener la mayor tasa de información para evitar problemas con Hacienda.
El empadronamiento deberá hacerse como unidad familiar independiente, para que los ingresos no se sumen a los ingresos propios del dueño de la vivienda. Este accionar es fundamental para la solicitud de incontables ayudas públicas, becas, sistemas de seguridad social como el ingreso mínimo vital, solicitud de pensión de jubilación no contributiva y a la famosa prestación por desempleo.
El problema radica cuando Hacienda interpreta que al empadronar a otra persona en tu vivienda, esta paga alguna cuota de alquiler, por lo que tendrás que declarar los ingresos por concepto de arrendamiento de la vivienda, o en su defecto sea necesario que tengas que acreditar y demostrar que no estás recibiendo ningún tipo de cantidad monetaria por concepto de alquiler de la vivienda o de una parte de ella.
Las multas por incurrir en falso empadronamiento
El empadronamiento fraudulento o falso está establecido en la Ley como una acción que desata una penalización. Es decir, la Ley castiga a todo aquel que ha realizado este tipo de trámite para lograr acceder a los beneficios que el empadronamiento implica. Logrando de un modo ilícito acceder a servicios municipales, cupos en los colegios, ayudas económicas, beneficios fiscales o el simple hecho de acreditar vivir en compañía de otra persona.
Las multas legales pueden llegar a los 150 euros al tratarse de una infracción administrativa, pero con la salvedad de no implicar ningún tipo de ilícito penal, a menos que adicionalmente exista falsedad documental y se violen los artículos 390 y 392 del Código Penal. Lo que acarreará multas que serán proporcionales al número de habitantes del municipio en el cual se haya realizado el trámite y además de ello acciones legales más complejas.