El fraude está inmerso en la sociedad desde que el ser humano tiene razón de su existencia y España no escapa a este flagelo, siendo la vivienda protegida uno de los objetos más propensos a este tipo de ilegalidad. En este orden de ideas, los propietarios buscan atajos para vender los pisos por sobre el precio fijado por los entes gubernamentales competentes y las comunidades Autónomas, como una manera ilegal de conseguir dinero extra.
Las artimañas utilizadas por los propietarios para conseguir este fraude consisten en elevar el valor de la vivienda protegida o en pedir una fracción del pago en efectivo, por lo que es preciso recordar que este tipo de actividades catalogadas como fraude conllevan implícitamente sanciones de hasta 60 mil euros para todos aquellos que incurran en ellas. Una clara advertencia para mantenerse alejado de este tipo de actividades contrarias a la Ley y a las buenas costumbres.
La legalidad de solicitar un extra en el coste de la vivienda protegida
Cuando la venta del inmueble se desarrolla mediante la modalidad de contrato privado, el propietario puede perfectamente solicitar un precio extra por el mobiliario, pero siempre y cuando este accionar este perfectamente justificado en el inventario, además de realizar el pago y la respectiva liquidación del Impuesto Obligatorio De Transmisiones Patrimoniales.
Hay que tener muy claro el tema relacionado con la legalidad de este trámite porque no es legal si se busca inflar el precio final del inmueble solicitando una fracción del pago en “B” que quiere decir en “Efectivo”. Además, será fraude si este precio no tiene una correspondencia con el real valor del inmueble, porque se estaría tratando de vender una vivienda por sobre el precio máximo permitido por la Ley española.
La vivienda protegida, la descalificación y las sanciones
La comercialización de un inmueble con un precio por encima del permitido es ilegal, al igual que los es hacerlo sin la debida descalificación, por lo que se puede estar cometiendo un fraude fiscal. Hacienda podría generar una declaración complementaria al supuesto infractor en caso de considerar que todo el importe se refiere o es valor de la vivienda, esto como una consecuencia de gravar con un tipo menor la venta de los muebles que de la vivienda.
Las sanciones por exigencia de sobreprecio están consideradas como una falta grave y es sancionada con multas que podrían oscilar desde los 1.500 hasta los 6.000 euros, recordando que en la mayoría de los casos se tenga que devolver los importes percibidos de manera ilegal. Siendo uno de los fraudes más comunes el hecho de anunciar la vivienda, sin mencionar que mantiene una condición de protección y ofertarla al precio solicitado.
Medidas contra el fraude en la venta de viviendas protegidas
La Comunidad de Madrid y el Gobierno Vasco por solo citar un par de ejemplos, están registrando aumentos significativos en este tipo de negociaciones que evidentemente están infringiendo la Ley y una parte de esta culpa la tienen las inmobiliarias, quienes descaradamente ofrecen las viviendas y solicitan de inmediato el importe relacionado con los muebles en efectivo. Una situación que ha encendido las alarmas de las autoridades con respecto a estos fraudes.
Un mayor control, inspecciones con mayor periodicidad y constancia y multas más severas tienen que integrarse como parte de la solución a esta escalada de fraudes e ilegalidades con relación a las viviendas protegidas. Además de la imperiosa necesidad de integrar a las organizaciones de consumidores como garantes en este tipo de control, para conseguir detectar cualquier posibilidad de fraude de la Ley de Vivienda.
Los casos no son aislados y es una conducta que se está convirtiendo en constante para eludir los precios con los cuales se han establecido los costes y el valor máximo de las viviendas protegidas en España. Esta carencia de vender a precio de mercado libre ha generado que se consiga recurrir a artimañas, siempre y cuando también se evite el hecho de descalificarla, por lo que se esperan medidas paliativas del gobierno central y de las Comunidades Autónomas.